España opera actualmente un parque nuclear compuesto por siete reactores distribuidos en cinco emplazamientos.1 Estos reactores, mayoritariamente de agua a presión (PWR) y uno de agua en ebullición (BWR) 3, desempeñan un papel crucial en el sistema eléctrico nacional, aportando aproximadamente el 20% de la generación eléctrica total y funcionando como una fuente de energía de base estable, fiable y libre de emisiones de CO2.2
No obstante, existe un plan formal para el cese escalonado de la operación de todas las centrales nucleares entre los años 2027 y 2035.4 Este calendario se estableció en un Protocolo firmado en 2019 entre el Gobierno español (a través de Enresa, la empresa pública de gestión de residuos radiactivos) y las empresas eléctricas propietarias de las centrales.7 Dicho plan está integrado en la planificación energética nacional, concretamente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).9
A pesar de este plan de cierre, la viabilidad técnica para extender la vida operativa de los reactores nucleares españoles más allá de los 40 años de diseño inicial está claramente establecida, con potencial para alcanzar los 60 e incluso los 80 años de operación segura.11 Esta posibilidad se sustenta en la robustez del marco regulatorio español, gestionado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y en las prácticas internacionales generalizadas de Operación a Largo Plazo (OLP).13 En este contexto, ha surgido un intenso debate, con presiones significativas por parte de la industria nuclear, sectores empresariales y actores políticos para reconsiderar el calendario de cierre, argumentando razones de seguridad de suministro, contribución a la descarbonización y factores económicos.9
En conclusión, España se encuentra en una encrucijada respecto a su futuro nuclear. Si bien existe una política definida de abandono progresivo, el potencial técnico y regulatorio para la operación segura a largo plazo es innegable. Esta situación genera una tensión fundamental entre el compromiso político actual y las consideraciones estratégicas y económicas que definirán el mix energético español en las próximas décadas.
I. El Parque Nuclear Operativo en España
A. Introducción
El sector de la energía nuclear en España se caracteriza actualmente por la operación de siete reactores nucleares activos. Estas unidades están ubicadas en cinco centrales nucleares distintas: Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona).1 La tecnología predominante en el parque español es la de Reactores de Agua a Presión (PWR), que equipa a seis de los siete reactores operativos. El reactor restante, ubicado en la central de Cofrentes, es un Reactor de Agua en Ebullición (BWR).3
Es importante contextualizar este parque operativo mencionando también las instalaciones que ya no están en funcionamiento y se encuentran en diferentes fases de desmantelamiento. Estas incluyen la central de Vandellós I (Tarragona), cerrada tras un incidente en 1989 17, la central José Cabrera, también conocida como Zorita (Guadalajara), parada en 2006 2, y la central Santa María de Garoña (Burgos), cuya actividad cesó en 2012.2 La gestión de estas instalaciones en desmantelamiento corre a cargo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) 2, proporcionando una visión completa del ciclo de vida nuclear gestionado en el país.
B. Características Detalladas de los Reactores Activos
Para una comprensión detallada del parque nuclear actualmente en explotación, la siguiente tabla resume las características fundamentales de cada uno de los siete reactores activos:
Tabla 1: Características Detalladas de los Reactores Nucleares Activos en España
Nombre del Reactor | Ubicación (Provincia) | Tipo | Operador | Propietarios | Potencia Eléctrica Neta (MW) | Fecha de Inicio de Operación |
Almaraz I | Cáceres | PWR | Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, AIE (CNAT) | Iberdrola Generación Nuclear, S.A. (52,7%), ENDESA Generación, S.A. (36,0%), Naturgy Energy Group, S.A. (11,3%) | 1.049,40 | 1983 |
Almaraz II | Cáceres | PWR | Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, AIE (CNAT) | Iberdrola Generación Nuclear, S.A. (52,7%), ENDESA Generación, S.A. (36,0%), Naturgy Energy Group, S.A. (11,3%) | 1.044,50 | 1984 |
Ascó I | Tarragona | PWR | Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, AIE (ANAV) | Endesa Generación, S.A. (100%) | 1.032,50 | 1984 |
Ascó II | Tarragona | PWR | Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, AIE (ANAV) | Endesa Generación, S.A. (85%), Iberdrola Generación Nuclear, S.A. (15%) | 1.027,21 | 1986 |
Cofrentes | Valencia | BWR | Iberdrola Generación Nuclear, S.A. | Iberdrola Generación Nuclear, S.A. (100%) | 1.092,02 | 1985 |
Vandellós II | Tarragona | PWR | Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, AIE (ANAV) | Endesa Generación, S.A. (72%), Iberdrola Generación Nuclear, S.A. (28%) | 1.087,14 | 1988 |
Trillo | Guadalajara | PWR | Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, AIE (CNAT) | Iberdrola Generación Nuclear, S.A. (49%), Naturgy Energy Group, S.A. (34,5%), EDP HC Energía, S.A. (15,5%), Endesa Generación, S.A. (1%) | 1.066,00 | 1988 |
Fuente: MITECO 3, CSN 4
Nota: PWR: Reactor de Agua a Presión; BWR: Reactor de Agua en Ebullición.
Esta tabla proporciona una base fáctica esencial, detallando la capacidad instalada total, que suma 7.398,77 MW netos 3, la distribución geográfica, la tecnología empleada y la estructura de propiedad y operación de cada planta. Estos datos son fundamentales para contextualizar tanto su contribución actual como las implicaciones de su eventual cierre o extensión de vida.
C. Contribución al Sistema Eléctrico Nacional
El parque nuclear español realiza una aportación muy significativa y constante al suministro eléctrico del país. Históricamente, la energía nuclear ha generado alrededor del 20% de la electricidad total consumida en España.5 En el año 2022, esta contribución fue del 20,26%, con una producción de 55.983 GWh.5 Datos provisionales para 2024 indican una generación neta de 52.055,26 GWh, representando el 19,57% del total nacional, situándose como la segunda fuente de producción tras la eólica.21
Más allá del volumen de energía aportado, la característica más destacada del parque nuclear es su excepcional fiabilidad y disponibilidad. Las centrales nucleares españolas operan de forma continua, funcionando como energía de base, lo que significa que no dependen de factores meteorológicos externos como el sol o el viento.2 Sus indicadores de funcionamiento se sitúan consistentemente por encima de la media mundial, con factores de carga (energía real producida frente a la máxima posible) y disponibilidad (tiempo conectado a la red) que superan frecuentemente el 90%.2 En 2022, el factor de carga medio fue del 90,40% y el de disponibilidad del 91,32%.5 En 2024, operaron 7.314 horas equivalentes a plena potencia de las 8.784 horas del año, lo que supone un 83,27% del tiempo total.21 Este nivel de operación, cercano a las 8.000 horas anuales 2, las convierte en la tecnología que más horas opera dentro del sistema eléctrico español.
Además, la energía nuclear es una fuente clave para la consecución de los objetivos de descarbonización. Al no emitir CO2 durante su operación, contribuye de manera decisiva a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico.6 En 2024, la producción nuclear representó el 25,28% de toda la electricidad generada en España sin emisiones de CO2.21
D. Fiabilidad y Estabilidad del Sistema
La elevada fiabilidad y predictibilidad de la generación nuclear tiene implicaciones estratégicas que van más allá de su porcentaje de contribución al mix energético. La capacidad de operar de forma continua y predecible 2 confiere al parque nuclear un papel fundamental en la garantía de la estabilidad de la red eléctrica y la seguridad del suministro.2 Esta función es cada vez más relevante en un contexto de creciente penetración de energías renovables (eólica y solar fotovoltaica), cuya producción es inherentemente intermitente y variable.23
El funcionamiento en base del parque nuclear 2 ayuda a compensar estas fluctuaciones, facilitando la gestión del sistema eléctrico y asegurando que la demanda pueda ser cubierta en todo momento. La pérdida de esta capacidad de generación firme y constante, como consecuencia del cierre programado, plantea desafíos significativos para la gestión futura del sistema.24 La necesidad de desarrollar alternativas que proporcionen una estabilidad similar, como sistemas de almacenamiento energético a gran escala, es uno de los puntos críticos del plan de transición energética, especialmente considerando que la capacidad de almacenamiento actual es todavía limitada en comparación con los objetivos marcados en el PNIEC.25 Por tanto, la fiabilidad demostrada por las centrales nucleares españolas 2 representa un valor estratégico clave en el debate sobre la conveniencia de mantenerlas operativas más allá de las fechas de cierre actualmente previstas.
II. El Desmantelamiento Programado de la Energía Nuclear en España
A. El Protocolo de 2019 y el Marco Político
El actual plan de cierre escalonado de las centrales nucleares españolas tiene su origen en un Protocolo de intenciones firmado en marzo de 2019.26 Este acuerdo fue suscrito por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), en representación del Estado, y las principales compañías eléctricas propietarias de las centrales: Iberdrola, Endesa y Naturgy.6 Endesa formalizó su adhesión poco después que las otras dos compañías.8
El contexto de este acuerdo era la necesidad de establecer un marco predecible para el futuro del parque nuclear, cuyas primeras unidades se acercaban al final de su vida de diseño original de 40 años. El protocolo buscaba un cierre «ordenado» 26, permitiendo que las centrales operasen más allá de los 40 años, pero estableciendo fechas límite definitivas para cada reactor.28 Bajo este esquema, la vida útil media de las centrales se situaría en torno a los 45-46 años.8
Este calendario de cierre no es un mero acuerdo privado, sino que ha sido incorporado formalmente en la planificación energética y ambiental del país. Está reflejado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que establece la contribución decreciente de la energía nuclear al mix energético hasta su desaparición en 2035.9 Asimismo, el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado a finales de 2023, toma como escenario de referencia este calendario de cese de operación entre 2027 y 2035 para planificar la gestión del combustible gastado y el desmantelamiento de las instalaciones.10
B. Calendario Oficial de Cierre
El protocolo de 2019 y su posterior integración en el PNIEC y el 7º PGRR establecen un calendario preciso para el cese de operación de cada uno de los siete reactores nucleares activos. La siguiente tabla detalla estas fechas:
Tabla 2: Calendario de Cierre Programado para los Reactores Nucleares Españoles (2027-2035)
Central Nuclear / Reactor | Fecha de Cierre Programada | Fuentes de Referencia |
Almaraz I | 1 de noviembre de 2027 | 4 |
Almaraz II | 31 de octubre de 2028 | 4 |
Ascó I | Octubre de 2030 | 4 |
Cofrentes | Noviembre de 2030 | 4 |
Ascó II | Septiembre de 2032 / Octubre 2031 | 29 / 4 * |
Vandellós II | Febrero de 2035 / 2035 | 29 / 12 ** |
Trillo | Mayo de 2035 | 4 *** |
Nota: Existe una ligera discrepancia en las fuentes sobre la fecha exacta de cierre de Ascó II (otoño 2031 vs. septiembre 2032). La fecha de expiración de la licencia actual es octubre de 2031 4, mientras que el plan general apunta a 2032.12
*Nota: Para Vandellós II, la licencia actual expira en julio de 2030 4, pero el plan de cierre acordado la sitúa en 2035.24
**Nota: Trillo solicitó renovación hasta noviembre de 2034 30 y el CSN informó favorablemente para operar hasta esa fecha 31, pero el calendario global del plan mantiene el cierre en mayo de 2035.6
Este calendario implica que el desmantelamiento comenzará a los tres años del cese definitivo de operación de cada central, excepto Vandellós I, cuya última fase se abordará a partir de 2030.10
C. Perspectivas Actuales sobre el Calendario de Cierre
A pesar de la existencia de este plan formal y acordado, el debate sobre el futuro nuclear en España se ha intensificado notablemente en los últimos años. El Gobierno español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha reiterado públicamente su compromiso de cumplir el calendario pactado.6 La ministra del ramo ha asegurado que la seguridad de suministro está garantizada dentro del marco del PNIEC, incluso con el cierre nuclear.9
Sin embargo, desde el sector industrial y las propias empresas eléctricas propietarias de las centrales han surgido voces cada vez más insistentes pidiendo una revisión del plan.9 Organizaciones como Foro Nuclear, junto con empresas relevantes del sector energético y de servicios (como Siemens Energy u OHLA), han firmado manifiestos instando a reconsiderar el cierre y permitir la operación a largo plazo.15 Sus argumentos se centran en la necesidad de mantener una fuente de energía firme y libre de carbono para garantizar la seguridad de suministro durante la transición energética, la contribución a los objetivos de descarbonización y la viabilidad económica de las plantas, cuestionada por la actual carga fiscal.21 Argumentan que el contexto energético global ha cambiado drásticamente desde la firma del acuerdo en 2019, especialmente tras la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.34
Este debate también ha alcanzado la esfera política. Partidos de la oposición, como el Partido Popular, han abogado abiertamente por extender la vida útil de las centrales nucleares.6 Incluso el Congreso de los Diputados ha aprobado proposiciones no de ley (sin carácter vinculante) mostrando una mayoría favorable a explorar la continuidad de la operación nuclear 6, aunque esto no ha modificado, por el momento, la postura oficial del Gobierno ni el calendario vigente.35
D. La Fragilidad del Consenso de 2019
El acuerdo alcanzado en 2019, que en su momento pareció ofrecer una solución de consenso para una salida ordenada de la energía nuclear, muestra signos evidentes de fragilidad. La presión combinada de varios factores está llevando a las empresas eléctricas, firmantes originales del pacto, a cuestionar su vigencia o, al menos, a solicitar una mayor flexibilidad y una renegociación de sus términos.9
Un elemento central de esta tensión es el factor económico. Las empresas argumentan que la rentabilidad de la operación nuclear se ve comprometida por la elevada carga fiscal que soportan, en particular la tasa destinada a financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento futuro (conocida como «Tasa Enresa»).23 Consideran que esta fiscalidad específica penaliza a la energía nuclear frente a otras tecnologías 34 y que, bajo un régimen fiscal diferente, la operación a largo plazo sí sería rentable.33 La reciente revisión al alza de esta tasa por parte del Gobierno ha sido interpretada por algunos actores del sector como una ruptura unilateral del espíritu del protocolo de 2019.36
A esto se suman las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de suministro energético en Europa 25 y las dudas sobre la capacidad real del sistema para alcanzar los ambiciosos objetivos de despliegue de renovables y, sobre todo, de almacenamiento energético contemplados en el PNIEC en los plazos previstos.9 En este nuevo contexto, la garantía de estabilidad y firmeza que ofrece la energía nuclear 21 adquiere un valor estratégico que lleva a cuestionar la idoneidad de prescindir de ella según el calendario fijado en 2019.34
Por lo tanto, el «pacto» de 2019 parece estar sometido a una fuerte tensión, revelando una posible divergencia entre los objetivos políticos del Gobierno y las realidades operativas y económicas a las que se enfrentan las empresas bajo las condiciones actuales. El consenso inicial parece ahora condicionado a factores, como los niveles impositivos, que están siendo activamente disputados.36
III. Evaluación del Potencial para la Operación Segura a Largo Plazo (OLP)
A. Marco Regulatorio y el Papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
La operación de las centrales nucleares en España está sujeta a un estricto marco regulatorio cuya máxima autoridad es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Este organismo, independiente del Gobierno, es el responsable de garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica en todas las instalaciones nucleares y radiactivas del país.17 Entre sus funciones clave se encuentran la evaluación de la seguridad y la concesión (o denegación) de las autorizaciones necesarias para la operación de las centrales, así como para la renovación periódica de dichas autorizaciones.13
Un aspecto fundamental de la regulación española es que no establece un límite temporal máximo predefinido para la vida operativa de una central nuclear.14 Conceptos como «vida de diseño» (generalmente 40 años para las centrales españolas) no tienen un carácter legal limitante en cuanto a la duración máxima de la operación. La operación se rige por las autorizaciones de explotación concedidas por el MITECO, previo informe preceptivo y vinculante del CSN.12 Estas autorizaciones tienen un plazo de validez determinado (habitualmente 10 años en las renovaciones recientes 38) y su renovación está condicionada exclusivamente a la demostración continua del cumplimiento de los requisitos de seguridad.14 Por lo tanto, la legislación española permite explícitamente la operación más allá de la vida de diseño inicial, siempre que la seguridad esté garantizada.13
El proceso para autorizar la Operación a Largo Plazo (OLP) es riguroso. Requiere que el titular de la central presente una solicitud de renovación de la autorización de explotación acompañada de una documentación exhaustiva que demuestre la seguridad de la planta para el nuevo periodo solicitado. Esto incluye la realización de Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS) actualizadas y, de manera crucial para la OLP, una evaluación detallada de la gestión del envejecimiento de los Sistemas, Estructuras y Componentes (SEC) importantes para la seguridad.14 El CSN ha desarrollado normativa específica para guiar este proceso, como la Instrucción de Seguridad IS-22, que establece los requisitos para la gestión del envejecimiento y la OLP de las centrales nucleares españolas.31
B. Evaluaciones de Seguridad y Gestión del Envejecimiento
La garantía de la seguridad durante toda la vida operativa de una central, incluida la OLP, se basa en un sistema de supervisión y evaluación continua. El CSN ejerce esta supervisión de forma permanente a través de inspectores residentes destacados en cada central nuclear 37, quienes informan de cualquier desviación respecto a las condiciones de operación autorizadas. Además, el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) monitoriza continuamente un conjunto de indicadores de funcionamiento y resultados de inspecciones planificadas (Plan Base de Inspección) que cubren todos los aspectos relevantes para la seguridad.37 Los resultados de esta supervisión son públicos y se actualizan trimestralmente.37 Como ejemplo de esta actividad inspectora, la central de Trillo fue objeto de 23 inspecciones por parte del CSN durante 2024, concluyéndose que operó de forma segura.41
Las Revisiones Periódicas de Seguridad (RPS) son evaluaciones integrales de la seguridad de la planta que se realizan típicamente cada 10 años.38 Constituyen la base técnica principal para decidir sobre la renovación de las autorizaciones de explotación.14 En estas RPS se verifica la conformidad de la planta con la normativa vigente, se analizan las desviaciones, se incorpora la experiencia operativa acumulada (nacional e internacional) y se evalúa el estado de la seguridad en general.14
La gestión del envejecimiento es un pilar fundamental para justificar la OLP. Consiste en un conjunto de programas y actividades destinados a asegurar que los efectos del paso del tiempo, el uso y los factores ambientales sobre los SEC importantes para la seguridad sean comprendidos, monitorizados y gestionados adecuadamente.14 Esto implica identificar qué componentes son críticos, cuáles son sus mecanismos de degradación potenciales (fatiga, corrosión, irradiación, etc.) y establecer acciones (inspección, mantenimiento, sustitución, mitigación) para garantizar que sigan cumpliendo su función de seguridad durante el periodo de operación extendido.38 La IS-22 del CSN detalla los requisitos para estos Programas de Gestión del Envejecimiento (PGE).31 La colaboración internacional, a través de organismos como la Agencia de Energía Nuclear (AEN) de la OCDE o el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), juega un papel importante en el desarrollo y mejora de estas prácticas.42
Estos procesos técnicos se complementan con dos principios transversales: la «Defensa en Profundidad», que establece múltiples barreras físicas y niveles de protección para prevenir y mitigar accidentes 37, y la «Cultura de Seguridad», que busca inculcar en todo el personal de la central la priorización de la seguridad por encima de cualquier otro objetivo.37
C. Viabilidad Técnica y Prácticas Internacionales
Desde un punto de vista técnico, las centrales nucleares españolas han sido objeto de continuas mejoras y modernizaciones a lo largo de su vida operativa.44 Se han incorporado lecciones aprendidas de la experiencia operativa internacional, incluyendo las derivadas de accidentes como el de Fukushima, que llevaron a la realización de pruebas de resistencia («stress tests») y a la implementación de mejoras significativas en todas las centrales europeas.44 La industria nuclear española afirma que las plantas están técnicamente preparadas para operar a largo plazo de forma segura.44
Esta afirmación se ve respaldada por la tendencia global hacia la OLP. Lejos de ser una excepción, extender la vida útil de los reactores nucleares es una práctica común y creciente en numerosos países.46 Estados Unidos lidera esta tendencia: de sus reactores operativos, la gran mayoría ya tienen autorización para operar hasta los 60 años, y un número creciente (actualmente 8) han recibido licencias para operar hasta los 80 años.11 Incluso se está analizando la viabilidad técnica y regulatoria para extensiones hasta los 100 años.12 A nivel mundial, a finales de 2023, un total de 193 reactores nucleares contaban con autorización para operar más allá de los 40 años de su vida de diseño inicial.31
En España, existen ejemplos concretos que avalan la preparación para la OLP:
- Trillo: En julio de 2024, el Pleno del CSN emitió un informe favorable para la renovación de su autorización de explotación hasta noviembre de 2034, superando así los 40 años de operación (que cumplió en 2028).31 Esta decisión se basó en una revisión profunda de la seguridad y del plan de gestión de residuos asociado a la OLP.31
- Almaraz: Los operadores de la central han manifestado que, desde el punto de vista técnico, la planta está en condiciones de operar mucho más tiempo, potencialmente hasta los 80 años. Se apoyan en el hecho de que la central de North Anna en EE.UU., considerada «gemela» por su diseño similar, ya cuenta con licencia para operar durante 80 años.11
- Ascó y Vandellós II: En 2023, estas centrales recibieron una misión de revisión SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) del OIEA. El equipo internacional verificó la adecuada preparación de ambas plantas para afrontar la operación a largo plazo, validando los programas de gestión del envejecimiento implementados por ANAV (la entidad operadora) bajo la supervisión del CSN.47
D. Duración Potencial de la Extensión
La evidencia técnica y regulatoria indica claramente que la operación segura más allá de los 40 años es factible para el parque nuclear español. De hecho, las actuales autorizaciones de explotación ya contemplan periodos que se extienden hasta finales de la década de 2020 y mediados de la de 2030 4, superando en todos los casos los 40 años iniciales.
La extensión de la operación hasta los 60 años se considera técnicamente alcanzable y se alinea con la práctica internacional generalizada.12 Numerosos reactores similares a los españoles operan o tienen licencia para operar hasta esa edad en otros países.45 Estudios económicos específicos para el caso español sugieren que extender la vida media del parque hasta los 60 años, aunque incrementaría ligeramente los costes totales de gestión de residuos a largo plazo, reduciría significativamente los costes normalizados (por unidad de energía producida) debido al aumento de la producción eléctrica total generada.22
La posibilidad de operar hasta los 80 años también se contempla como técnicamente viable, especialmente para diseños robustos como los de Almaraz.11 Sin embargo, alcanzar este hito requeriría inversiones adicionales significativas en mantenimiento, modernización y gestión del envejecimiento, cuya evaluación detallada debería realizarse más adelante.11 La experiencia de EE.UU. demuestra que es regulatoria y técnicamente posible.11
E. Desconexión entre Potencial Técnico-Regulatorio y Política Actual
Al analizar la situación, emerge una clara desconexión. Por un lado, existe un marco regulatorio maduro y robusto en España, gestionado por el CSN, que dispone de las herramientas y procedimientos necesarios para evaluar y autorizar la operación segura a largo plazo de las centrales nucleares, en línea con las mejores prácticas internacionales.13 Las evaluaciones técnicas realizadas hasta la fecha, tanto por los titulares como por organismos independientes (CSN, OIEA), indican que las plantas españolas están preparadas o pueden prepararse para operar de forma segura durante periodos significativamente más largos que los 40 años iniciales, potencialmente alcanzando 60 años o más.44
Por otro lado, la política energética actual del Gobierno español se mantiene firme en su adhesión al calendario de cierre 2027-2035, establecido en el acuerdo de 2019.6 Este acuerdo parece haber estado motivado por una combinación de factores políticos y económicos en aquel momento, buscando dar certidumbre al sector y planificar la transición energética.8
Esta divergencia sugiere que la decisión de cerrar las centrales nucleares en el horizonte 2027-2035 responde más a un compromiso político y a consideraciones económicas (tal como se percibían en 2019 y bajo la fiscalidad actual) que a limitaciones técnicas insuperables o a preocupaciones de seguridad identificadas por el organismo regulador. El potencial técnico para una operación segura, validado por el CSN, se extiende considerablemente más allá de las fechas de cierre programadas. Esto sitúa el debate actual no tanto en el ámbito de la seguridad o la viabilidad técnica, sino en el de la estrategia energética, la política económica y la voluntad política de revisar o mantener los acuerdos previos.
IV. Factores Clave que Influyen en el Futuro del Parque Nuclear Español
A. Seguridad Energética y Objetivos de Descarbonización
La energía nuclear juega un papel relevante en la ecuación de seguridad energética y descarbonización de España. Su capacidad para generar electricidad de forma constante y predecible (energía firme) 2 proporciona una estabilidad crucial al sistema eléctrico, especialmente importante durante la transición hacia un modelo con alta penetración de fuentes renovables intermitentes.22 El cierre programado del parque nuclear implica la necesidad de sustituir esta capacidad firme y libre de CO2. Si el desarrollo de las alternativas (principalmente una combinación masiva de nuevas instalaciones renovables y sistemas de almacenamiento energético) no avanza al ritmo previsto en el PNIEC, la seguridad del suministro podría verse comprometida.9
El PNIEC establece objetivos muy ambiciosos para el despliegue de energías renovables y almacenamiento para 2030.9 Existen dudas y preocupaciones en diversos sectores sobre la viabilidad de alcanzar estas metas en los plazos establecidos, tanto por la magnitud de la inversión requerida como por los desafíos técnicos y administrativos asociados.9 En este contexto, mantener operativa la capacidad nuclear existente más allá de 2035 se presenta por algunos actores como una opción prudente para asegurar la cobertura de la demanda, garantizar la estabilidad del sistema y no poner en riesgo la consecución de los objetivos de reducción de emisiones.21 La energía nuclear es vista como un pilar que puede facilitar una transición energética más ordenada y segura.22
B. Consideraciones Económicas
Las decisiones sobre el futuro nuclear están fuertemente influenciadas por factores económicos. La Operación a Largo Plazo (OLP) requiere inversiones continuas en mantenimiento, inspecciones, mejoras de seguridad y programas específicos de gestión del envejecimiento.11 Sin embargo, el cierre de las centrales también conlleva costes muy significativos asociados al proceso de desmantelamiento y, sobre todo, a la gestión a largo plazo de los residuos radiactivos generados durante toda la vida operativa.28 A esto hay que sumar el coste de la nueva capacidad de generación que debe reemplazar a la nuclear. Algunos análisis económicos sugieren que, aunque la OLP aumenta los costes totales absolutos (al operar más tiempo y generar más residuos), puede resultar económicamente ventajosa en términos de coste normalizado de la electricidad (€/MWh), ya que los costes fijos y las inversiones se amortizan sobre una mayor producción eléctrica acumulada.22
Un elemento crítico en la ecuación económica es la fiscalidad específica que grava la generación nuclear en España. Las empresas propietarias señalan que la carga impositiva actual, y en particular la tasa que deben abonar a Enresa para cubrir los costes futuros de la gestión de residuos y el desmantelamiento, hace que la operación nuclear sea económicamente poco atractiva o directamente inviable en las condiciones actuales del mercado.23 La reciente decisión del Gobierno de incrementar esta tasa ha intensificado las tensiones y es vista por el sector como un factor que dificulta aún más la posible continuidad de las plantas.33 La industria vincula implícitamente cualquier reconsideración del calendario de cierre a una revisión de este marco fiscal.34
En términos de competitividad, si bien la energía nuclear ha sido históricamente una fuente con costes operativos relativamente bajos, el drástico abaratamiento de las energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica, ha cambiado el panorama.51 No obstante, la comparación directa de costes por MWh (LCOE) no captura completamente el valor diferencial que aporta la energía nuclear en términos de firmeza y estabilidad a la red, servicios que las renovables intermitentes no proporcionan por sí solas.24
C. Gestión de Residuos Radiactivos
La gestión segura y a largo plazo de los residuos radiactivos, especialmente el combustible nuclear gastado (alta actividad), es un aspecto inherente e ineludible de la energía nuclear, independientemente de si las centrales operan 40, 60 u 80 años. La estrategia actual de España, definida en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado a finales de 2023 10, se basa en un enfoque secuencial:
- Almacenamiento inicial: El combustible gastado se almacena temporalmente en las piscinas de las propias centrales nucleares.2
- Almacenamiento temporal individualizado (ATI): A medida que las piscinas se saturan, el combustible se traslada a contenedores de almacenamiento en seco ubicados en instalaciones específicas (ATI) dentro del emplazamiento de cada central.2 Se prevé la ampliación de la capacidad de estos ATI según sea necesario.10
- Almacenamiento temporal descentralizado (ATD): Tras el cese de operación de cada central, su ATI se complementará con instalaciones o medidas adicionales para permitir el mantenimiento a largo plazo de los contenedores, conformando un ATD en cada uno de los siete emplazamientos nucleares.10 Estos ATD albergarán el combustible gastado hasta su traslado a la solución definitiva.
- Almacenamiento de residuos de baja y media actividad: El centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) continuará operando para gestionar los residuos de muy baja, baja y media actividad generados por las centrales (durante operación y desmantelamiento) y otras instalaciones.2
- Almacenamiento definitivo (AGP): La solución final contemplada para el combustible gastado y los residuos de alta actividad es un Almacén Geológico Profundo (AGP).10 El 7º PGRR establece una hoja de ruta para su desarrollo, que incluye procesos de selección de emplazamiento con participación pública, con el objetivo de que esté operativo en un horizonte temporal muy lejano (post-2073 según algunas fuentes 12).
La decisión sobre la OLP tiene implicaciones para esta estrategia. Una operación más prolongada generaría un volumen adicional de combustible gastado. Esto requeriría, previsiblemente, una mayor capacidad de almacenamiento temporal en los ATI/ATD y podría influir en el dimensionamiento final y el calendario del futuro AGP.22 Sin embargo, dado que la estrategia actual ya contempla décadas de almacenamiento temporal descentralizado antes de la disponibilidad del AGP, la gestión de los residuos generados por una OLP de 10-20 años adicionales parece técnicamente abordable dentro del marco general ya definido, aunque requeriría ajustes en la planificación y aseguraría la necesidad de mayores fondos para Enresa a largo plazo.22
D. La Interdependencia de Factores
La decisión sobre si extender o no la vida útil de las centrales nucleares españolas no puede reducirse a una simple evaluación técnica o de seguridad. Es un problema complejo en el que interactúan múltiples factores interdependientes. La viabilidad técnica y la seguridad, evaluadas por el CSN, establecen el marco de lo posible 14, pero la decisión final está condicionada por:
- Compromisos políticos: El acuerdo de 2019 y su integración en el PNIEC crean una fuerte inercia política hacia el cierre.6 Modificarlo requeriría un nuevo consenso político.
- Viabilidad económica: La rentabilidad de la OLP depende crucialmente de los precios del mercado eléctrico, los costes de operación y mantenimiento, y, de forma muy significativa, del marco fiscal aplicable (Tasa Enresa).23 Un cambio en la fiscalidad podría alterar radicalmente el atractivo económico de la OLP para las empresas.
- Necesidades de seguridad energética: La percepción del riesgo para la seguridad de suministro y la estabilidad de la red, especialmente si el despliegue de renovables y almacenamiento se retrasa, puede aumentar la presión estratégica para mantener la capacidad nuclear.9
- Objetivos de descarbonización: La contribución de la nuclear a la generación libre de CO2 es un argumento a favor de su continuidad para cumplir las metas climáticas.21
- Gestión de residuos: Aunque la OLP aumentaría el volumen de residuos, la estrategia a largo plazo (AGP) ya es necesaria independientemente de la duración exacta de la operación, si bien los requerimientos de almacenamiento temporal y financiación se verían afectados.10
- Aceptabilidad social: La percepción pública de la energía nuclear sigue siendo un factor relevante, aunque el debate actual parece más centrado en aspectos técnicos, económicos y estratégicos.
Modificar cualquiera de estos elementos puede tener efectos en cascada sobre los demás. Por ejemplo, una decisión política de priorizar la seguridad de suministro podría llevar a una revisión del PNIEC y a una negociación sobre la fiscalidad para hacer la OLP económicamente viable. Inversamente, mantener la política de cierre actual exige una confianza absoluta en la capacidad de cumplir los objetivos de renovables y almacenamiento, asumiendo los costes y riesgos asociados. La decisión final requerirá, por tanto, una ponderación compleja de estos factores interconectados y sus respectivos trade-offs.
V. Conclusiones
El análisis de la situación actual y las perspectivas futuras del parque nuclear español permite extraer las siguientes conclusiones clave:
- Potencial Técnico y Regulatorio para la OLP: España cuenta con un parque nuclear técnicamente robusto y un marco regulatorio maduro, liderado por el CSN, que permite evaluar y autorizar la operación segura de las centrales nucleares más allá de su vida de diseño inicial de 40 años. La viabilidad técnica para operar hasta los 60 años está ampliamente reconocida internacionalmente y se considera alcanzable para las plantas españolas. El potencial para alcanzar los 80 años es técnicamente plausible para algunos diseños, aunque requeriría análisis y inversiones adicionales a más largo plazo.
- Política de Cierre vs. Potencial Operativo: Existe una clara tensión entre la política gubernamental actual, comprometida con el calendario de cierre escalonado 2027-2035 (fruto del acuerdo de 2019), y el potencial técnico y regulatorio demostrado para la OLP. La decisión de cierre parece responder más a factores políticos y económicos (tal como se configuraron en 2019 y bajo la fiscalidad vigente) que a limitaciones técnicas o de seguridad insalvables identificadas por el regulador.
- Presiones para la Revisión del Plan: El consenso de 2019 está sometido a una presión creciente. La industria nuclear, respaldada por sectores empresariales y algunos actores políticos, aboga por revisar el calendario de cierre argumentando la necesidad de garantizar la seguridad de suministro, cumplir los objetivos de descarbonización de manera más eficiente y la falta de viabilidad económica bajo la actual carga fiscal. El cambio en el contexto energético global desde 2019 refuerza estos argumentos.
- Interdependencia de Factores Críticos: La decisión sobre el futuro nuclear no es unidimensional. Depende de una compleja interacción entre la voluntad política, la viabilidad económica (incluida la fiscalidad), las necesidades de seguridad energética, los avances en tecnologías alternativas (renovables y almacenamiento), la estrategia de gestión de residuos a largo plazo y las consideraciones de seguridad supervisadas por el CSN.
- Encrucijada Estratégica: España se enfrenta a una decisión estratégica con profundas implicaciones a largo plazo.
- Mantener el plan de cierre: Requiere una ejecución impecable y acelerada del despliegue de energías renovables y almacenamiento para compensar la pérdida de capacidad firme y libre de CO2, asumiendo los riesgos asociados a posibles retrasos o insuficiencias.
- Revisar el plan y optar por la OLP: Exigiría un nuevo consenso político-empresarial, probablemente ligado a una reforma fiscal. Podría reforzar la seguridad de suministro y facilitar la transición, pero requiere un compromiso continuo con la seguridad nuclear y la gestión de residuos a más largo plazo.
En definitiva, el futuro de la energía nuclear en España dependerá de cómo se resuelva la tensión entre la política actual de cierre programado y los argumentos técnicos, económicos y estratégicos que respaldan la posibilidad de una operación segura y prolongada. La elección que se tome definirá en gran medida la configuración del sistema energético español, su resiliencia, su coste y su capacidad para alcanzar los objetivos climáticos en las próximas décadas.
Obras citadas
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